Valparaíso, 6 de febrero de 2021.
El crimen de Francisco Andrés Martínez Romero en Panguipulli, el día de ayer nos conmueve, nos duele, nos indigna, como es ya tristemente común en la historia de Chile, las Fuerzas de Carabineros más que resguardar el orden parecen cuidar un desorden establecido y proteger los intereses de las minorías; su bestialidad en reprimir a los pobres, los marginados, los distintos, lo convierte en una fuerza castigadora, no respetuosa, ni responsable de cumplir con su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de los chilenos a vivir libremente y a expresarnos en paz. ¿Valía la pena una vida humana por un control de detención, era este el bien supremo a proteger? El sargento 2º Juan González Iturra seguramente no es hijo de la oligarquía, ni de la alta burguesía; seguramente es hijo del pueblo, ¿Qué hace entonces que vea como un enemigo, a alguien de su misma condición?, ¿Cómo les han lavado el cerebro a personas que son de nuestro mismo origen y clase social?. No creemos que se haya levantado esa mañana con la idea de matar; creemos que nunca le enseñaron que su rol en la sociedad es defender el derecho de las personas a expresarse, a vivir de la manera que los realice, si en ello no lesionan derechos de otros seres humanos; no le enseñaron a poner como prioridad la vida, sí el “orden”. Los gobernantes y parte de la sociedad han normalizado las violaciones de Carabineros a los derechos humanos, por ejemplo las denuncias de malos tratos a manifestantes y a personas detenidas, los abusos policiales a miembros del pueblo mapuche
(en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades), torturas, actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles y derechamente los crímenes, los que, por más denuncias que existan, no parecen detenerse.
Si el Estado de Chile y su gobierno desea avanzar, en la construcción de un cuerpo policial que sea reconocido y tenga prestigio en la sociedad y que efectivamente sea garante del orden, la seguridad y respetuoso de los derechos humanos, debe terminar con Carabineros de Chile y formar un cuerpo policial cuyas bases sean: el más irrestricto respeto de los derechos humanos de acuerdo a las normas del derecho internacional sobre la materia; el respeto de la dignidad de todos/as y cada uno/a de las personas que viven en nuestro país; el uso de la fuerza como la última ratio; abrir la posibilidad de que todos los estamentos sociales y de tropa puedan acceder a cualquier grado en la oficialidad. Del mismo modo debe velar por que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas por organismos independientes (donde no exista relación institucional o jerárquica entre los investigadores de ese órgano y los presuntos autores de los hechos) de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos y de todos los casos de violencia de género ejercida contra mujeres y niñas, por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública, especialmente aquellos en los que ha habido acciones u omisiones de autoridades del Estado. Es un deber de este que se enjuicie a los presuntos autores, y de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos. Tenemos la obligación moral de cambiar nuestra sociedad, nuestro mundo no puede seguir siendo más fruto de la violencia ni del dolor. No pueden prevalecer el dinero, ni el uso de las armas por sobre la vida. Perdónanos, Francisco Andrés, por no haber sido capaces de construir un Chile donde tu crimen haya sido un hecho inimaginable.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.
FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (PRESIDENTE), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, BRAYAN GALAZ.