Nuestra trayectoria: 1971 - 1989

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Cuando la IC se fundó, su voluntad de sumarse plenamente a la lucha revolucionaria se expresó, concretamente, en una adhesión crítica al gobierno de Allende y, después, en la incorporación a la Unidad Popular (UP). Esto último se decidió luego de un intenso debate y de una serie de conversaciones con los partidos de dicha alianza, integrada por los partidos Socialista, Comunista, Radical, Mapu, Izquierda Radical y Acción Popular Independiente.

El apoyo al gobierno y el ingreso a la UP estuvieron precedidos por la presentación de un conjunto de “prerrequisitos”, vale decir, de observaciones en relación con la marcha del proceso revolucionario y de proposiciones encaminadas a corregir errores o deficiencias de este, tales como el sectarismo, la burocratización o el cuoteo que acompañaban muchas acciones de las fuerzas de izquierda. La colaboración con el gobierno y la incorporación a Unidad Popular se verificaron una vez que se logró un acuerdo en torno a dichos “prerrequisitos”.

Desde dicha posición, la IC se dio a la tarea de luchar por avanzar en el cumplimiento del programa de gobierno, superando insuficiencias y corrigiendo errores. Especial importancia se asignó a las preocupaciones relativas a la necesidad de dar conducción unitaria al trabajo gubernamental y a la acción de masas; de resolver los problemas económicos más urgentes por la vía de la racionalización del consumo; de evitar las interferencias burocráticas en el quehacer administrativo; de respetar la autonomía de las organizaciones sociales; de fortalecer el poder popular; de enfrentar con fuerza la contraofensiva reaccionaria.

El éxito que finalmente esta contraofensiva tuvo significó para la Izquierda Cristiana, y para el conjunto del movimiento popular, una dura experiencia y un gran retroceso. De hecho, trasladó a la IC a un nuevo escenario. Se la reprimió violentamente, se intentó desarticularla y, en definitiva, eliminarla. Sus militantes fueron perseguidos y, en especial, su dirección. Algunos compañeros fueron asesinados, otros encarcelados o torturados, y otros obligados a abandonar el país.

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Los primeros años de dictadura estuvieron dedicados a rearticular la organización, a evitar la represión y a organizar el trabajo exterior. Se buscó, por otra parte, reiniciar los contactos con el resto de la izquierda y reinsertar el partido en los diferentes frentes de lucha. Sus proposiciones, orientadas a priorizar la unidad de la izquierda y una política de enfrentamiento contra la dictadura, no tuvieron el eco que la IC esperaba.

El camino propuesto por el Partido Comunista, consistente en la formación de un frente antifascista, era rechazado una y otra vez por la Democracia Cristiana. La IC planteó un camino distinto: la política de acciones comunes. Parecía más viable, entre otras cosas, porque recogía planteamientos hechos desde la Democracia Cristiana. Se trataba, en buenas cuentas, de organizar y dirigir mejor lo que en la práctica ya se estaba dando en el terreno de la colaboración.

En medio de esas circunstancias se realizó 1er. Congreso partidario, en 1978. Un prolongado y amplio debate culminó con la realización de un pleno del Comité Central. En este 1er Pleno -que correspondió a la culminación del 1er Congreso- se aprobó una línea política que otorgaba una más alta prioridad al trabajo de masas y a la lucha antifascista y democrática. El documento aprobado insistía, igualmente, en la necesidad de no desligar los objetivos democráticos de la perspectiva socialista.

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Pero quizás la conclusión más importante fue la referida al rol del partido. No existía ya un proceso revolucionario en marcha, al cual la IC se había sumado para realizar aportes que consideraba esenciales. Ahora, dicho proceso había que generarlo. En este sentido, el partido se asignaba también un rol de vanguardia, de dirección, de creación. En relación con la dictadura, la IC se sentía, por lo tanto, plenamente responsable del curso que tuviera la lucha por su derrocamiento.

En años posteriores -uno de cuyos hitos importantes fue la realización del 2° Pleno del Comité Central en 1980- otras preocupaciones pasaron también a ocupar un lugar central en la política de la IC.

La gravedad de la derrota sufrida en 1973 continuaba reflejándose en la profunda y sostenida crisis de la izquierda chilena. El partido socialista se dividió y precipitó la disolución de la Unidad Popular, pese a los esfuerzos que en el país y en el exterior se hicieron por evitarla. El inmovilismo frente a la dictadura continuaba. Las pocas acciones que se realizaban eran dispersas, carentes de una conducción central. La oposición no lograba articularse ni, por lo tanto, poner en peligro al régimen.

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Ante un cuadro como ese, la IC se propuso avanzar fortaleciendo su propia organización e intentando establecer alianzas parciales con quienes se sentía más identificada. Fue surgiendo y desarrollándose así la idea de trabajar por una “convergencia socialista”, primero, buscando una mayor aproximación hacia a aquellos que postularan su renovación. En este sentido, se trataba de afianzar el contenido libertario, democrático, autónomo, popular, del socialismo.

Por esos días y luego de la primera protesta -mayo de 1983- la IC realizó el 3er Pleno del Comité Central. Su preocupación mayor fue suficientemente clara. Una vez más, planteó la necesidad de responder en forma unitaria al desafío de movilización popular que, como nunca, se masificaba y se convertía en una grave amenaza para la dictadura.

Por eso mismo, decidió no integrar la agrupación que en aquel año se formó con el nombre   de Alianza Democrática, que agrupaba bajo ese nombre a varios partidos de oposición a la dictadura, y excluía a otros. Tampoco la IC estuvo de acuerdo con la creación del Movimiento Democrático Popular, ya que también tendía a consolidar la división opositora. Concurrió entonces a la formación de un Bloque Socialista, pero asignándole una finalidad estratégica. No obstante, muy luego fue quedando en evidencia que no era posible conciliar un propósito de ese tipo con la existencia de desacuerdos importantes relacionados más bien con la coyuntura.

Una vez más la IC pudo constatar que una convergencia socialista, siendo algo posible y sobre todo deseable, debía ser entendida como un proceso o un camino que había que recorrer a un ritmo más lento. Propuso, en consecuencia, superar el Bloque Socialista y avanzar, en cambio, en un entendimiento amplio entre las fuerzas que componían la llamada área socialista.

Por otra parte, la IC continuó haciendo esfuerzos por una mayor unidad entre los partidos de izquierda, lo que se expresó concretamente en su presencia en una Mesa de Izquierda. Simultáneamente, comenzó a participar activamente en el trabajo unitario de las distintas fuerzas de oposición, apoyando todo cuanto pudiera debilitar a la dictadura. La constitución de la agrupación Intransigencia Democrática fue un avance en tal sentido.

Parecidas razones condujeron a la Izquierda Cristiana a valorar positivamente el Acuerdo Nacional, patrocinado por la Iglesia Católica y suscrito por representantes de un amplio conjunto de organizaciones políticas. Sobre todo, la IC planteó la necesidad de seguir impulsando la movilización social, orientada a lograr la derrota de la dictadura.

 

 

 

 

 

Luego de la disolución de la Unidad Popular, integró la Izquierda Unida, coalición de partidos que existió entre 19875​ y 1989.

Para el plebiscito de 1988 la IC formó parte de la Concertación de Partidos por el No. En las elecciones presidenciales de 1989 apoyó al candidato demócrata cristiano Patricio Aylwin y siguió participando de la Concertación. En las elecciones parlamentarias de 1989 eligió dos parlamentarios en la lista del pacto Concertación. También presentó candidatos por el partido PAIS, partido instrumental de la Izquierda Unida, en el que participaban colectividades que no integraban la Concertación (Partido Comunista y MIR político). Su líder era el presidente de la IC en ese entonces, Luis Maira Aguirre.

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